Una nueva generación de juristas para fortalecer el Estado de Derecho en Latinoamérica
La Fundación Tatiana junto con la World Law Foundation y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha inaugurado, un programa dirigido a jóvenes juristas latinoamericanos con un objetivo ambicioso y necesario: fortalecer el Estado de Derecho en la región.
Seleccionados entre más de mil candidatos, los 28 participantes —menores de 35 años y procedentes de quince países— representan una nueva generación llamada a influir en sus sociedades desde el compromiso con la justicia, la democracia y los derechos humanos.
Durante la inauguración, Gabriela Pacheco, primera mujer en asumir la secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, subrayó el sentido del proyecto como fruto de una colaboración institucional orientada a un fin común: “mantener los pilares del Estado de Derecho en nuestras distintas sociedades desde los líderes jóvenes”.
Por su parte, Javier Cremades, presidente de la World Law Foundation, destacó el carácter casi histórico de la iniciativa: “Queremos mantener el legado que hemos recibido de generaciones anteriores, que es vivir en un mundo donde la dignidad de la persona está garantizada por un gobierno de leyes”. Un legado que, recordó, no puede darse por asegurado.
Un contexto plagado de desafíos
El programa nace en un momento especialmente delicado para el Estado de Derecho. El auge de los populismos, el aumento de la desigualdad, los movimientos migratorios, los avances tecnológicos y la proliferación de políticas iliberales han debilitado la confianza en la democracia liberal. Al mismo tiempo, el orden internacional basado en reglas atraviesa una etapa de transformación, marcada por la crisis de la Pax Americana y el empuje de nuevas potencias.
En este contexto, Latinoamérica se revela como una región estratégica. No solo por su potencial de futuro, sino porque en ella se manifiestan con especial intensidad las tensiones que ponen a prueba la solidez de las instituciones. Como señaló Álvaro Matud, vicepresidente de la Fundación Tatiana, existe un gran futuro, pero también la evidencia de que “una arquitectura constitucional no es suficiente” si no va acompañada de un compromiso cívico real.
A pesar de las dificultades, la región mantiene viva una profunda tradición jurídica humanista, sostenida muchas veces por el compromiso —incluso heroico— de ciudadanos y líderes que han defendido el ideal de justicia.
Una misión: formar líderes, no solo juristas
Ante este escenario, el programa impulsa una visión del Estado de Derecho que trasciende el mero positivismo jurídico para situar en el centro la dignidad humana. No se trata únicamente de formar expertos en derecho, sino de impulsar una generación de líderes con vocación de servicio.
El presidente de la Fundación Tatiana, Teodoro Sánchez Ávila, lo expresó con claridad: la magnitud del desafío exige contar con instituciones comprometidas y con juristas que no solo destacan por su excelencia técnica, sino que se conviertan en referentes a través de su ejemplo.
En la misma línea, Rodrigo Mudrovich, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defendió que la respuesta al momento actual “no puede ser la resignación”, sino un compromiso renovado con el derecho internacional, los sistemas de protección de los derechos humanos y la democracia. La clave, insistió, está en formar personas capaces de asumir un papel activo en esta defensa.
El programa parte de una convicción firme: el mejor antídoto frente al pesimismo y al debilitamiento institucional es la formación de generaciones que conozcan sus derechos y estén dispuestas a defenderlos. Porque el Estado de Derecho se sostiene con las normas, pero sobre todo gracias a los ciudadanos que lo comprenden, lo valoran y actúan en consecuencia.
Uno de los ejes fundamentales de la iniciativa es el liderazgo cívico. Como recordó Álvaro Matud, “sin compromiso cívico, las leyes por sí solas no dan un Estado de Derecho”. El derecho, en definitiva, es una realidad humana, una herramienta para organizar la convivencia que debe tener en cuenta la dimensión moral y social de las personas.
Desde esta perspectiva, la formación incorpora no solo conocimientos jurídicos, sino también el desarrollo personal de los participantes: su capacidad de influir para el bien común, de actuar con integridad y de comprender la responsabilidad que implica ejercer el derecho.
Marina Peña, facilitadora, coach y psicóloga, aportó una mirada complementaria al recordar que “el imperio de la ley es la única alternativa al imperio de la fuerza”, pero también que la dignidad humana no depende únicamente de la normativa, sino del comportamiento de quienes la aplican.
El tono de la inauguración estuvo marcado por una apelación constante al compromiso. Javier Cremades insistió en la necesidad de formar “un puñado de valientes” que crean de verdad en el ideal de justicia y sean capaces de defenderlo frente a las amenazas actuales, entre ellas la expansión de modelos autocráticos.
“No queremos ser un think tank, sino un do tank”, afirmó, subrayando la voluntad de pasar de la reflexión a la acción. Defender el Estado de Derecho implica también asumir sus exigencias incluso cuando no resultan favorables, respetar la verdad, al adversario y la independencia judicial, subrayó.
En este sentido, Pablo Saavedra, abogado y exsecretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordó una idea esencial: el Estado de Derecho no es solo un conjunto de normas, sino una forma de vivir basada en la convivencia y el respeto mutuo. “Aquí no hay enemigos”, afirmó, apelando a una visión integradora del derecho como espacio común.
Más allá de la formación académica, el programa aspira a crear una comunidad de jóvenes juristas comprometidos con la defensa del Estado de Derecho en sus países y en el ámbito internacional.